La situación de la vivienda en España, y especialmente en ciudades como Valencia, se ha convertido en un drama que cada vez parece más lejos de acabar y que cumple varios años como la principal preocupación de los españoles y de los valencianos, según datos del CIS. La solución parece muy lejana y las medidas por parte de las diferentes administraciones insuficientes, pero de vez en cuando aparecen iniciativas como Casa 47, la plataforma de alquiler asequible del Gobierno de España, que ofrecen oportunidades para un pequeño número de gente.
En este sentido, el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado en septiembre varios proyectos relacionados con la edificación de bloques para pisos públicos en la ciudad. El más destacado es el plan de construcción de 390 viviendas públicas destinadas a la venta y al alquiler asequible. Por el momento, solo se ha aprobado el plan de los 59 pisos ubicados en el barrio de Quatre Carreres, que se destinarán a alquiler asequible.
De las 331 restantes, 161 serán viviendas de protección pública de nueva construcción en el barrio de Patraix y las otras 170 se repartirán entre Ciutat Vella, Malvarrosa y Torrefiel. De estas últimas no se ha definido cómo será el tipo de vivienda, ni el proceso, ni ningún otro detalle del proyecto, por ahora solo sabemos que el Ayuntamiento «liberará suelo» para que esas parcelas municipales se conviertan en pisos destinados a «facilitar la emancipación de los jóvenes».
Los 59 pisos de Quatre Carreres estarán ubicadas en una torre de 16 plantas en la calle del Pintor Sabater y contarán con terraza y dos, tres o cuatro dormitorios, dependiendo del tamaño del inmueble. Lo más sorprendente de este complejo es que albergará gimnasio, sala de coworking, local comunitario, zonas ajardinadas y parking subterráneo.
La transformación de las Casitas Rosas de la Malvarrosa
Aparte del plan anterior, el Ayuntamiento ha anunciado un plan urbanístico para regenerar el entorno de las Casitas Rosas de la Malvarrosa, uno de los más afectados por la delincuencia de la ciudad.
El proyecto propone demoler los bloques residenciales más deteriorados para construir 545 nuevos inmuebles, 163 de protección pública. Además, se incluiría la construcción de un nuevo colegio y más de 6.000 metros cuadrados de parques y zonas de juego.
No obstante, esta medida ha despertado rechazo entre los vecinos de la zona que, aunque están a favor de regenerar el entorno, aseguran que el Ayuntamiento no ha contado con ellos para tomar estas decisiones ni ha presentado ningún estudio técnico. Además, temen que los realojos puedan afectarles negativamente: como sustituir sus pisos en propiedad por viviendas de protección pública o que se les obligue a asumir deudas para acceder a un inmueble similar.
